La historia secreta del crack
Por Samuel Blixen (1)
Nuevas evidencias confirman la participación de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas en el tráfico de drogas para financiar "operaciones encubiertas". La militarización de la "guerra contra las drogas" está bajo sospecha.
1) La cocaína de los pobres
Casi sin saberlo, un joven pandillero del área de la bahía, un suburbio pobre del norte de Los Angeles, inauguró a fines de 1979 el boom del crack (la mortífera alteración de la cocaína que está arrasando literalmente a la población negra de las principales ciudades estadounidenses) cuando comenzó a recibir de un exiliado nicaragüense ingentes cantidades de cocaína pura. Rick Ross revolucionó el meracdo de las drogas: por más que su abastecedor, Danilo Blandón, le entregaba la mercadería a precios tentadores, la cocaína era por entonces muy cara, y por lo tanto reservada a los consumidores de clase media y los intelectuales. Ross experimentó con el método del blow up, cocinando la cocaína mezclada con un anestésico llamado procaína, y logró transformar el polvo en rocas, que podían ser fumadas en pipas. Creyó haber producido la "base", un estado primario de la cocaína que se suele fumar en los países productores de América Latina. Por cada kilo de cocaína, Ross lograba tres kilos de rocas. El furor inicial del crack mató a los atletas Len Blas y Dan Rogers y casi liquidó a Richard Pryor; después se convirtió en "la cocaína de los pobres", y hoy provoca una virtual devastación en la comunidad negra de los EEUU.
Después de un año de meticulosa investigación, un diario de Los Angeles, el San José Mercury News, comprobó que el boom del crack en California (y su irradación al resto del país) es directa responsabilidad de la Central de Inteligencia (CIA) y de una organización anti-sandinista, que organizaron el tráfico de cocaína a Los Angeles, para financiar a los contras nicaragüenses a comienzos de 1980.
La explosiva revelación provocó indignación entre las organizaciones de la minoría negra estadounidense, que llegaron a denunciar la "participación de organismos estatales" en la fundación del comercio del crack "como una agresión planificada contra los negros". En el Congreso de EEUU, en cambio, la sólida información del San José Mercury News reactualizó el costado más oscuro del escándalo Irán-Contras, ventilado en noviembre de 1986: a pesar de los numerosos testimonios, el gobierno de Ronald Reagan logró en aquel entonces enterrar la investigación sobre la forma en que se financió la asistencia secreta de EEUU a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Ahora las evidencias confirman que el Consejo nacional de Seguridad y la CIA traficaron cocaína a fin de obtener los recursos para la compra de armas, que el propio Congreso había embargado.
Las consecuencias de la revelación son impredecibles: no sólo cientos de miles de ciudadanos estadounidenses resultaron víctimas de esas operaciones encubiertas, también surge con claridad que durante diez años diversos organismos gubernamentales (el Pentágono, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia) ocultaron pruebas, destruyeron archivos y manipularon la información para impedir que pudiera conocerse la participación estatal en el tráfico de drogas. No es menor el hecho de que muchos de los traficantes involucrados en esas operaciones encubiertas son hoy agentes secretos estadounidenses afectados a la lucha contra la droga.
Pero la responsabilidad en la financiación (mediante la droga) de las operaciones encubiertas del gobierno no es exclusiva de los organismos estadounidenses. La información del San José Mercury News permite ensamblar los trozos de una historia fragmentada donde los miembros de esa transnacional terrorista conocida como Operación Cóndor (agentes de inteligencia, torturadores, asesinos a sueldo, extorsionadores, traficantes) aparecen con papeles muy destacados. Del esquema surge una conclusión: el narcotráfico, hoy identificado como el enemigo principal de la seguridad hemisférica, fue el recurso preferido de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional para desplegar el terrorismo de estado y el control ideológico de todo el continente.
2) Reunión cumbre en Buenos Aires
A comienzos de 1980 el entonces general Guillermo Suárez Mason, jefe del 1º Cuerpo del Ejéricto Argentino, presidió el 4º Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), filial de la World Anti-Comunist League (WACL), que se realizó en Buenos Aires. Estuvieron presentes el entonces presidente de la WACL, Woo Jae Sung, miembro relevante de la secta Moon; respresentantes de la logia fascista Propaganda Due (P-2), delegados del dictador nicaragüense Anastasio Somoza y de la organización terrorista anti-castrista Alpha 66; el mayor Roberto D'Aubisson, creador de los escuadrones de la muerte salvadoreños, el general uruguayo Luis Vicente Queirolo, el neo-fascista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón y el terrorista italiano Stepano Delle Chiaie, entre otros; John Carbaugh, asistente del senador Jesse Helms, y Margo Carlisle, ayudante del senador James McClure, ambos norteamericanos, participaron como "observadores".
Suárez Mason, directamente implicado en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y "protector" de Aníbal Gordon (jefe de las bandas paramilitares que operaron en los centros clandestinos de detención subordinados al primer cuerpo del Ejército, y especialmente en "Automotores Orletti", de donde desapareció más de un centenar de uruguayos), fundamentó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central, a partir del triunfo sandinista. El general miembro de la P-Due comprometió la creación, en el seno del Batallón 601 (la estructura de inteligencia del ejército), de un Grupo de Tareas Exterior, el GTE, para desplazar hacia América Central un contingente de "asesores", que transmitiera a los ejércitos y a los comandos paramilitares de la región la experiencia argentina en la "guerra sucia".
Los ocho millones de dólares que la WACL aportó para los gastos iniciales del GTE son el primer y temprano indicio de la asistencia encubierta estadounidense que después instrumentó el coronel Oliver North, por encargo de Reagan y George Bush (padre del actual presidente). Pero la aventura centroamericana (y el fabuloso enriquecimiento de sus protagonistas) requeriría fondos muchos más cuantiosos. Al momento del congreso de la CAL, Suárez Mason ya tenía prevista una fuente significativa de financiamiento: un suministro ilimitado de cocaína boliviana.
Ese punto fue el centro de los contactos informales que Suárez Mason mantuvo en Buenos Aires con el salvadoreño D'Aubisson (yerno del general Amaury Prandt, ex-jefe de la inteligencia militar uruguaya) y el italiano Delle Chialie (lider de la organización fascista Avanguardia Nazionale, responsable del atentado contra el dirigente democristiano chileno Bernardo Leighton, perpetrado en Roma por encargo del jefe de la policía secreta de Pinochet, el general Manuel Contreras). Ambos habían acordado con el coronel boliviano Luis Arce Gómez el suministro de droga para financiar acciones paramilitares, como parte de un plan más amplio y complejo. En realidad, a comienzos de 1980, los militares golpistas y los narcotraficantes bolivianos coincidieron en sus intereses. De ahí surgió la "narcodictadura" del general Luis García Meza que, con el pretexto de combatir a la "izquierda comunista", controló el poder en Bolivia durante dos años. El propósito del golpe fue eliminar el monopolio de los "cárteles" colombianos que asignaban a los barones de la droga bolivianos un papel secundario, limitados a la producción de la pasta-base, con una interdicción para la instalación de fábricas de cocaína.
En marzo de 1980 el agente secreto de la DEA Michael Levine, estacionado en Buenos Aires, descubrió que un trust de narcotraficantes bolivianos impulsaba el golpe militar, financiando la operación. La CIA y la DEA ocultaron la información al gobierno de Jimmy Carter y permitieron que el plan prosperara. En el esquema, el coronel Arce y su primo Roberto Suárez (principal narcotraficante) se comprometieron con D'Aubisson y Delle Chiaie a aportar dinero para América Central si, a la vez, ellos facilitaban el tráfico para financiar el golpe.
Como consecuencia, la dictadura argentina apoyó el golpe de García Meza, desplazando en julio de 1980 a unos 400 "asesores", aportando apoyo logístico (en armas y en vehículos) y destinando casi 800 millones de dólares en asistencia económica al nuevo régimen. Hoy se sabe que buena parte de esa "ayuda" fue en realidad un pasamanos de narcodólares, aportados por los traficantes y así "lavados" por los agentes argentinos en centroamérica.
3) La red se despliega
El teniente coronel Hugo Miori Pereyra, integrante del contingente argentino en Bolivia, fue un enlace clave. Miori ayudó a Delle Chiaie a montar, en Bolivia, un escuadrón terrorista denominado "Novios de la Muerte". Ese escuadrón, con el que estuvo vinculado el criminal de guerra nazi Klaus Barbie y que coordinaba con el Servicio Especial de Seguridad, organizado por el Ministro del Interior Luis Arce Gómez, indistintamente instruía a soldados bolivianos en las técnicas de tortura de detenidos y brindaba protección al comercio de la cocaína.
Miori Pereyra se desplazó después a centroamérica, oficiando de "correo". Se le atribuye un papel fundamental en la organización del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era trasbordada en las bases de la Fuerza Aérea Salvadoreña y derivada luego hacia Estados Unidos. Parte de la droga financió los escuadrones de la muerte montados por el mayor D'Aubisson y los grupos paramilitares guatemaltecos asesorados por el teniente coronel Santiago Hoya, alias "Santiago Villegas", otro miembro clave del grupo de asesores argentinos en centroamérica. Miori Pereyra murió en un confuso incidente en 1982, después que se comprobó que había desviado para su propio provecho dinero destinado a la paga de los asesores argentinos.
El coronel Hoya y el coronel José Osvaldo Ribeiro, alias "Balita", responsable máximo del GTE, mantuvieron una decisiva participación en los orígenes de lo que después fue el escándalo Irán-Contras. Ribeiro, a quien se le atribuye una intervención protagónica en la desaparición de exiliados en el marco de la "Operación Cóndor", así como la modernización de los servicios de inteligencia en Paraguay, trasladó las experiencias de coordinación realizadas en Argentina con militares uruguayos, chilenos y paraguayos. Desde su cuartel general en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, Ribeiro comenzó la coordinación con los exiliados de la Guardia Nacional Somocista, mientras Hoya, como "jefe de operaciones", dirigía la instalación del campo de entrenamiento llamado Sagitario, en las afueras de Tegucigalpa, y del campo de concentración clandestino conocido como "La Quinta". Hoya y Ribeiro estrecharon contactos con el general Gustavo Alvarez Martínez, jefe del G-2 del ejército hondureño, con el ex-capitán de la Guardia Nacional Somocista Emilio Etcheverry y con los líderes "contras" Arístides Sánchez, Enrique Bermúdez y Frank Arana. De hecho, la CIA había delegado en los asesores argentinos la organización de la "contra" nicaragüense; Ribeiro y Hoya tuvieron una actuación destacada en las negociaciones que culminaron con la creación de la segunda dirección colectiva de los "contras". Cuando comenzaba a organizarse la "narco-financiación" de esas operaciones encubiertas, los asesores argentinos instruyeron a los paramilitares centroamericanos en las prácticas de los secuestros extorsivos que tantos dividendos habían dado en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. El flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y pago de los mercenarios se materializó recién cuando la CIA se embarcó decididamente en el ingreso de droga al territorio estadounidense. La investigación del San José Mercury News confirma ahora el papel decisivo de uno de los "ahijados" preferidos de los asesores argentinos: el coronel nicaragüense Enrique Bermúdez provocó el salto cualitativo cuando autorizó a dos conciudadanos, Danilo Blandón y José Norwin Menenes, a montar el tráfico de drogas, utilizando la incipiente estructura de la FDN en Los Angeles.
4) Cien kilos por semana
Coordinado el tráfico por los argentinos, la droga boliviana era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas, con la protección de la CIA. A fines de 1981, la estructura había logrado contrabandear una tonelada de droga. Blandón, quien actualmente cobra un sueldo del gobierno estadounidense como agente especial de la DEA, admitió que entre 1981 y 1988 se llegó a introducir hasta cien kilos semanales de cocaína.
Los argentinos fueron también pioneros de la estructura que después utilizó el gobierno de Ronald Reagan para canalizar ayuda encubierta a los "contras". Los agentes del Batallón 601 Raúl Guglielminetti (alias "Mayor Guastavino"), Leandro Sánchez Reisse (alias "Lenny") y Jorge Franco (alias "Fiorito"), se especializaron en el lavado de dinero de los fondos provenientes del nacotráfico. Franco viajó en dos oportunidades a centroamérica, en una de ellas con su identidad real. Calificado como "experto en finanzas", Franco figura como desaparecido en las listas del Instituto de Obras Sociales del Ejército, pero se sospecha que por lo menos hasta 1987 permanecía en centroamérica. Leandro Sánchez Reisse es el único de los miembros del GTE que ha confesado la vinculación de asesores argentinos con el narcotráfico para la financiación de operaciones encubiertas.
Sánchez Reisse, de profesión contador, fue detenido en Ginebra, Suiza, en 1982, cuando intentaba cobrar el rescate del banquero uruguayo Carlos Koldobsky, secuestrado en Buenos Aires. En 1985 logró fugar del presidio de Champ Dollon. Se refugió en los EEUU, bajo la protección de la CIA. Para evitar la extradición, Sánchez Reisse se ofreció para testimoniar ante la Subcomisión de Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Sánchez Reisse reveló, en fechas tan tempranas como 1987, que el general Suárez Mason y el sector del ejército bajo su mando recibieron dinero del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente en América Central. Explicó que dos empresas montadas en Miami -una llamada Argenshow, dedicada a la contratación de cantantes para giras latinoamericanas, y otra llamada Silver Dollar, en realidad una casa de empeño dirigida por Raúl Guglielminetti, fueron las pantallas para la manipulación del dinero. Admitió que Silver Dollar y Argenshow habían canalizado treinta millones de dólares del narcotráfico que fueron girados, vía Panamá, hacia Suiza, Liechtenstein, Bahamas e Islas Caimán. El dinero, dijo, terminó en manos de los contras nicaragüenses.
Reveló también, finalmente, que la CIA estaba al tanto de las actividades de las dos empresas de Florida desde mediados de 1980, y que dio su visto bueno para las operaciones de lavado.
(1) Samuel Blixen es un reconocido y prestigioso periodista uruguayo, redactor político del diario Brecha, colaborador en gran número de publicaciones latinoamericanas, y escritor. La dictadura militar uruguaya lo convirtió en preso político durante más de doce años. Publicó siete libros, el último de los cuales, "Sendic", sobre la vida del militante político uruguayo, fue presentado en fecha reciente en Buenos Aires.
La publicación de la nota que reproducimos fue expresamente autorizada por su autor.
La Mosca & El Mercado agradece su cordialidad y buen trato.
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